Análisis de Resolución 1384 del 9 de septiembre de 2026
1. Objeto y límites del Decreto 1384 del 9 de septiembre de 2026**
El Decreto 1384 del 9 de septiembre de 2026 busca garantizar la continuidad de la función administrativa y facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios del Estado en los territorios afectados por el terremoto, que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por grave calamidad pública en 15 departamentos (Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre) por el término de 30 días calendario; bajo el Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026.
Las medidas están sometidas a los juicios de finalidad, conexidad, necesidad, proporcionalidad, no discriminación e intangibilidad propios del control material de los decretos legislativos (Arts. 214 C.P. y 137/1994), y no autorizan desmejorar derechos sociales, laborales ni afectar el núcleo esencial de derechos fundamentales.
2. Aspectos archivísticos y de gestión documental
El Decreto no modifica la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos), la Ley 1409 de 2010 ni la Resolución 629 de 2018 del DAFP. No hay cambios al régimen sustantivo de la función archivística ni a los perfiles y manuales de funciones de los cargos de gestión documental.
2.1 Referencias tangenciales al tema documental
Art. 3. Numeral 6: las entidades deben consultar directamente los sistemas de información públicos y abstenerse de exigir al ciudadano documentos o certificaciones que ya reposen en sus propios archivos o en los de otra autoridad.
Art. 5: reutilización de documentos ya aportados, verificados o consultados para la celebración de nuevos contratos de prestación de servicios durante la vigencia 2026 (aplica a la contratación, no a la función archivística general).
Art. 9. numeral 5: entre las actividades que pueden asignarse temporalmente a servidores para atender la emergencia se incluye expresamente la "recuperación de archivos y sistemas de información".
Art. 8. Numeral 1: los empleos temporales que se creen pueden orientarse, entre otras funciones, a la "recuperación administrativa" de las entidades afectadas.
Importante:
El Decreto habilita, de forma instrumental y transitoria, que las entidades asignen personal a labores de recuperación de archivos dañados por el sismo (sedes colapsadas, documentos perdidos), y las exime de exigencias documentales redundantes al ciudadano. No obstante, no introduce ninguna excepción, suspensión ni modificación a las obligaciones ya existentes en materia de gestión documental (Ley 594/2000, Ley 1409/2010, Resolución 629/2018), por lo que el marco de exigibilidad de esas normas permanece intacto para las entidades públicas.
3. Concursos de méritos: causas, efectos y consecuencias
3.1 Causa (motivación del Art. 7)
El sismo generó afectación extraordinaria y simultánea de vivienda, movilidad, conectividad, condiciones familiares y económicas, disponibilidad de documentos y acceso a medios tecnológicos de la población en los territorios comprendidos en la declaratoria. Estas circunstancias pueden impedir o dificultar gravemente la participación efectiva de las personas afectadas en inscripciones, pruebas, entrevistas y reclamaciones de los procesos de selección, generando una desigualdad material frente a quienes no sufrieron los efectos de la calamidad.
3.2 Efecto: aplazamiento nacional (regla general)
Se aplazan hasta el 31 de diciembre de 2026, en todo el territorio nacional, los procesos de selección para proveer empleos y funcionarios públicos, incluidos los particulares que deban cumplir función pública, y los procesos de conformación de ternas para directores o gerentes regionales o seccionales de establecimientos públicos.
Se autoriza a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) para suspender o aplazar, en los procesos en curso, pruebas y otras etapas cuya realización ponga en riesgo los derechos de participantes residentes en zonas de tragedia o afectados por ella, cualquiera sea la modalidad, régimen o etapa.
Por qué alcance nacional y no solo territorial: el derecho de acceso al empleo público no está circunscrito al domicilio del aspirante ni al lugar del empleo; una persona afectada en la zona de emergencia puede participar en convocatorias de cualquier lugar del país, de modo que limitar el aplazamiento a empleos ubicados en los territorios afectados dejaría desprotegidas a personas en la misma condición material.
3.3 Reglas específicas y excepciones
Directores/gerentes regionales o seccionales de la Rama Ejecutiva Nacional (Art. 305 numeral 13 Constitución Política): aplazamiento obligatorio de su designación; en vacancia absoluta dentro de los departamentos de la declaratoria, el director nacional envía terna al gobernador; en los demás casos, se suple por encargo.
La CNSC debe emitir acto administrativo motivado para aplazar, suspender o continuar procesos, garantizando publicidad, igualdad, mérito y derechos adquiridos.
Excepción al aplazamiento general: en las demás entidades, no hay lugar al aplazamiento si el representante de la entidad determina motivadamente que la etapa puede adelantarse sin afectar el acceso en igualdad de condiciones de las personas domiciliadas, residentes o afectadas en los territorios de la emergencia.
Si una entidad pretende abrir un nuevo proceso de selección, el acto de apertura debe argumentar expresamente que su desarrollo no afecta los derechos protegidos por este artículo.
3.4 Consecuencias sobre procesos en curso
Las actuaciones válidamente surtidas antes de la entrada en vigencia del Decreto conservan plenos efectos.
Los procesos se reanudan a partir del 1 de enero de 2027, en la etapa en que se encontraban y por el término que falte para su culminación.
El aplazamiento no afecta derechos adquiridos ni situaciones jurídicas consolidadas antes de la entrada en vigor del Decreto.
4. Existe afectación a la solicitud de tarjeta / trámite si la Universidad está en zona de terremoto
El decreto no menciona expresamente "tarjetas" ni trámites de tarjeta profesional. Lo relevante es esto:
Los artículos 1 a 3 aplican a "entidades del Estado" y "entidades y organismos públicos" cuya capacidad de funcionamiento esté afectada, directa o indirectamente, por la calamidad (Artículos 1 y 2).
Si la Universidad es una institución pública ubicada en alguno de los 15 departamentos declarados en emergencia (Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño, Sucre) y su funcionamiento resultó materialmente afectado, sí le aplicarían:
Suspensión de términos legales/reglamentarios para resolver, tramitar o certificar (Artículo. 2 numeral 1).
Prohibición de rechazar solicitudes por extemporaneidad si el interesado acredite sumariamente que el incumplimiento se debió a la calamidad (Art. 2.3).
Habilitación de canales alternativos (correo, formularios simplificados, líneas telefónicas) (Art. 2.4 y Art. 3.4).
Presentación posterior de documentos no indispensables (Art. 2.5).
Pero esto no es automático: la entidad debe adoptar un acto que motive la afectación material concreta (no basta con estar geográficamente en la zona).
Si la Universidad es privada, el decreto no le aplica directamente — está dirigido a entidades y organismos públicos.
Conclusión práctica: hay que verificar (i) si la Universidad es entidad pública, (ii) si está en uno de los 15 departamentos, y (iii) si acreditó afectación material del trámite puntual; solo así puede invocarse el decreto para justificar demora, canal alterno o no rechazo por extemporaneidad en la solicitud de la tarjeta.
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