El Colegio Colombiano de Archivistas – CCA informa a la comunidad profesional y a los interesados que ha venido adelantando una estrategia institucional, técnica y de gestión jurídica sostenida ante distintas entidades públicas, con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley 1409 de 2010, norma que reglamenta el ejercicio profesional de la archivística en Colombia.
En desarrollo de esta actuación, el CCA gestionó una ruta a nivel administrativo con comunicaciones formales a diversas entidades del orden territorial y distrital — entre ellas, por la convocatoria ANTIOQUÍA 3: con (i) el Concejo Municipal de Rionegro, (ii) el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquía - ICPA, (iii) Tecnológico de Artes Débora Arango - Institución Redefinida, (iv) Institución Universitaria Pascual Bravo, (v) Concejo Municipal de Sabaneta; por la convocatoria por la convocatoria DISTRITO 6: con (vi) la U.A.E. de Rehabilitación y Mantenimiento vial; por la convocatoria TERRITORIAL 10: (vii) Alcaldía de Barrancabermeja, (viii) Alcaldía de Tuluá; por la convocatoria TERRITORIAL 11: (ix) Alcaldía de Cajicá, (x) Inficaldas, (xi) Alcaldía de Turbaco, (xii) Concejo Municipal de Fusagasugá; y la Convocatoria 2618 de 2024 del (xiii) MinTrabajo — instándolas a revisar y ajustar sus Manuales Específicos de Requisitos y Funciones, particularmente en los empleos que comprenden actividades a realizar y enmarcadas dentro el ejercicio de la archivística y protegidas por la ley.
Ante la ausencia de ajustes y acciones efectivas, además de la negativa y omisión de los sujetos obligados a implementarlas, considerando que el incumplimiento tiene origen en el contenido mismo de los manuales adoptados mediante acto administrativo y la misma apertura de las convocatorias en ese estado, el CCA promovió solicitudes de revocatoria directa parcial respecto de dichos actos.
Esta decisión responde a un análisis técnico y jurídico según el cual, mientras los manuales no sean modificados, continuarán expidiéndose convocatorias y actuaciones administrativas sustentadas en requisitos que no se armonizan con el marco normativo vigente, afectando el ejercicio profesional de los archivistas y comprometiendo los principios que rigen el acceso al empleo público.
Estas actuaciones corresponden al cumplimiento de la función de inspección, vigilancia y defensa del ejercicio profesional, orientada a adoptar medidas estructurales que eviten la reiteración de la irregularidad. En este contexto, la revocatoria directa constituye el mecanismo administrativo idóneo para restablecer la plena observancia de la normativa aplicable.
Puede consultar la revocatorias elevadas a las entidades en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1OyalQLl5kYPQ2OK_b9fO48hxbayVq2p6?usp=sharing
